El primer ministro japonés Yukio Hatoyama descartó el jueves renunciar a su cargo, a menos que «una mayoría aplastante» de ciudadanos se lo exija, por el escándalo del financiamiento oculto de sus actividades políticas que motivó la inculpación de dos de sus ex colaboradores. «Si una mayoría aplastante de voces exige: ‘Hatoyama, dimisión’, entonces respetaré la voz del pueblo, pero haré lo posible para que ello no ocurra», dijo el primer ministro en una conferencia de prensa.
«Mucha gente pidió un cambio de mayoría, y la marcha del gobierno de coalición no debe ser detenida. Por este motivo, he decidido que no debía dejar mi cargo», explicó el primer ministro. Hatoyama presentó sus disculpas por el escándalo, inclinándose ante las cámaras con lágrimas en los ojos.
«Acepto con gravedad el juicio de los fiscales, dijo Hatoyama. «Siento con dolor mi responsabilidad. Presento mis disculpas por las dificultades que he causado», agregó Hatoyama. El Primer ministro justificó su negativa a renunciar por la voluntad de cambio de los japoneses, que en las legislativas del 31 de agosto pasado votaron por su coalición de centroizquierda, poniendo fin a 54 años de hegemonía conservadora.
El jueves, la fiscalía inculpó a dos ex empleados de Hatoyama, su ex secretario, Keiji Katsuba, y su ex contador, Daisuke Haga, que trabajaban para él antes de ser electo. En cambio, la fiscalía indicó que no había pruebas de que Hatoyama estuviera al corriente de los delitos de sus colaboradores, por lo cual no fue inculpado.
Hatoyama afirmó que «ignoraba» las malversaciones de sus ex colaboradores.
Aeronoticias considera resaltante además que, su ex secretario es acusado de haber atribuido a particulares, algunos de ellos ya fallecidos, la donación de unos 360 millones de yenes (unos 2,8 millones de euros), que en realidad provenían de la fortuna personal de Hatoyama y de su madre, heredera del fabricante de neumáticos Bridgestone. El ex contador está acusado de negligencia en la administración de las cuentas de Hatoyama. La ley japonesa estipula que un político no puede utilizar para sus actividades política más de 10 millones de yenes (unos 76.000 euros) de su fortuna personal.
La ley limita también a 1,5 millones de yenes (11.450 euros) por año el aporte de las personas físicas a los partidos, incluidos los familiares. Este escándalo dañó la imagen de Hatoyama, que este jueves cumplió sus primeros cien días de gobierno, al punto que según los últimos sondeos, su índice de popularidad pasó por debajo del 50 por ciento de opiniones positivas.
