El proyecto que propone declarar a Aerolíneas Argentinas y Austral de "utilidad pública" y que le permitirá al Poder Ejecutivo avanzar en su expropiación y que fue aprobado ayer por Diputados, ingresó hoy al Senado y se sería convertido en ley en la sesión del 17 de este mes. Luego de ser aprobado por Diputados en sesión de ayer, el dictamen llegó a la Cámara alta y sería tratado en la sesión del 17 de este mes.
Hoy se decidirá qué comisión será la encargada de iniciar el debate, fuentes cercanas al parlamento confirmaron esta mañana el ingreso por mesa de entrada del proyecto aprobado ayer por la Cámara de Diputados, en tanto que durante la jornada de hoy se determinará qué comisión lo analizará.
El senador Argentino Fabián Ríos manifestó hoy su convicción de que "el Senado va a seguir la misma línea que se siguió en Diputados".El Senador por la ciudad Argentina de Corrientes señaló que "se trató de evitar hasta lo último la posibilidad de la expropiación", pero consideró que es "terriblemente grande" la brecha valuatoria entre lo que pide el grupo Marsans y lo tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
El TTN presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones un informe en que arroja un valor negativo de dichas empresas de AR$2.540.388.289 pesos al 1 de julio de 2008; valor que fue rechazado por la propietaria Marsans, que presentó una tasación del banco Credit Suisse, con un valor positivo de entre 330 y 540 millones de dólares. Ante este escenario, Ríos estimó que "es evidente que no va a haber acuerdo". El senador dijo que podrían tratar el proyecto en el recinto durante la sesión del 17 de este mes; y previamente, el martes próximo, se reunirá el Bloque del Frente para la Victoria para analizar el tema.
Ayer, la cámara de Diputados aprobó por 153 votos contra 84 el proyecto para la expropiación de las empresas aéreas, que además del Frente para la Victoria contó con el apoyo de bloques aliados como Solidaridad e Igualdad (SI), y Proyecto Sur, entre otros; mientras que el rechazo provino del radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO.
