(Aeronoticias).- ¿Muchos gastos? A sujetarse el cinturón ¿Qué se evita gastar? Lo superfluo ¿Para el gobierno de Reino Unido, qué es superfluo? El bienestar de sus ciudadanos pobres. Y es que este razonamiento no podría encajar mejor debido a las últimas medidas de David Cameron, Premier del ala del partido conservador en la nación inglesa, quien ha rebajado las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los gruesos impuestos municipales o en el coste de los litigios ante los tribunales.
Si es necesario evitar la pesada carga en el déficit, los recortes al Welfare State -la denominación a su Estado de Bienestar- darán con palo a las clases bajas y media, según el Partido Laborista, opositor. Una diferencia con la rebaja de impuestos a la clase alta hasta de un 50%.
Según El País, entre las medidas a aplicar por el gobierno conservador de Cameron, se encuentran:
El impuesto del dormitorio. Las personas en edad de trabajar que vivan en un piso de protección oficial verán recortados los subsidios del Estado si disponen de una habitación teóricamente vacía, es decir, que sobrepase las necesidades de dormitorio de una familia, sin tenerse en cuenta otros usos que puedan destinar a la misma. El Gobierno sugiere a los afectados por esa medida, casi 700.000 ciudadanos, que se muden a otra vivienda con el número justo de estancias, a pesar de la denuncia de la oposición laborista sobre la “inexistencia” de casas alternativas. “Ese impuesto cruel destruirá vecindarios y pondrá a la gente en manos de los tiburones de los préstamos”, alega el portavoz de Trabajo de la oposición, Liam Byrne, apoyado en esa reivindicación por sectores eclesiales que consideran esencial el enraizamiento de las familias en una comunidad para evitar la fractura social.
La insoportable carga municipal. La administración se dispone a reducir el apoyo a los 5,9 millones de familias que se declaran con escasos recursos para sufragar el impuesto municipal sobre la vivienda, una de las cargas más pesadas que afronta el ciudadano de a pie. Ello incrementará los gastos mensuales de quienes luchan para llegar a fin de mes, generalmente residentes de unos barrios donde esa imposición fiscal es más alta que en otras zonas más opulentas debido al volumen de las prestaciones sociales que se prestan en esas zonas. El sistema de ayudas gestionado hasta ahora por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10%.
Merma general de las prestaciones sociales. Por primera vez en la historia del Estado de bienestar británico, las prestaciones y créditos de carácter estatal ya no irán parejas al aumento del coste de la vida. A partir del próximo sábado, entra en vigor una medida que durante los tres próximos años reduce al 1% el incremento anual de los subsidios, muy por debajo de la inflación. Estos limitarán a un tope de 500 libras semanales (590 euros) la cantidad que una familia británica puede recibir del Estado, independientemente de sus circunstancias.
Sanidad. El Estado cede desde este lunes la gestión de los presupuestos en sanidad a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, enfermeras y otros profesionales, en pro de una reforma del sistema público que sus críticos tildan de semiprivatización. Estas comisiones serán quienes decidan cómo se controla el gasto. La medida resulta especialmente chocante cuando una investigación encargada por el propio gobierno de Cameron determinó que los escándalos que han azotado a varios hospitales públicos ingleses durante los últimos años, donde los índices de mortalidad se revelaron muy superiores a la media prevista, respondieron a una política que primaba los resultados económicos frente a la atención al paciente.
Asistencia legal. Los laboristas calificaron este lunes de “jornada de la vergüenza”, a raíz de las restricciones que han entrado en vigor sobre el acceso a una ayuda legal sufragada por el Estado. Solo aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a las 32.000 libras anuales podrán recabar el apoyo del dinero público en sus causas ante los tribunales de justicia, en una medida que afectará principalmente a los casos de divorcio y a los de despidos improcedentes. Muchos reclamantes se lo pensarán dos veces antes de acudir ante el juez y bajo el riesgo de afrontar una abultada minuta en costas legales. Por mucho ahorro que el Gobierno de Cameron esgrima, la justicia ya no va a ser igual para todos.
