(Aeronoticias) Saludo la iniciativa del Congreso de la República por la aprobación de una moción que RECHAZA LA DICTADURA DE MADURO y en definitiva con la eminente salida del Embajador de Venezuela en Perú sería la consumación del rompimiento de relaciones bilaterales entre Perú y Venezuela. Y. es que atendiendo al contexto real de la situación no es posible sostener relación alguna con la dictadura ni con la insolencia de un dictador.
Por el contrario, seguir sosteniendo una relación bilateral con Venezuela sería como legitimar una dictadura y por ende reconocer a su dictador. No se puede seguir considerando a Maduro como un presidente constitucionalmente elegido, después de haber instalado una Asamblea Constituyente a toda luces fraudulenta y que solo servirá para legitimar un gobierno de opresión y violador de derechos humanos.
Todos tenemos el derecho de vivir en democracia . De ahí que la democracia es una forma de gobierno y también una forma de convivencia social. Violar los derechos humanos es a su vez, una vulneración al Estado de Derecho y a la Democracia.
La interdependencia entre derechos humanos, estado de derecho y democracia es un consenso alcanzado en la Carta Democrática Interamericana y en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La no injerencia en asuntos internos como aluden otros países como causa de justificación de lo que pasa en Venezuela no puede ser un obstáculo para que la comunidad internacional haga lo que tenga que hacer. Los derechos humanos y la paz está por encima de ello.
El Perú debe expresar con firmeza su rechazo a esta dictadura por lo que correspondería al Presidente del Perú consumar el acto de la salida del Embajador de Venezuela en Perú.
El siguiente paso que debe darse es la presión internacional para que la Corte Penal Internacional admita las denuncias contra Maduro por delitos de lesa humanidad en el entendido de que las violaciones de derechos humanos se dan en el contexto de un plan de gobierno y de forma sistemática.
El otro paso sería sentar una posición internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y seguimiento de las comunicaciones presentadas ante los grupos de trabajo y relatoría procedimiento especial de dicha instancia ; sin perjuicio de las denuncias a la que hubiere lugar ante los órganos supranacionales de derechos humanos.
Las sanciones económicas a la que hubiere lugar por la comunidad internacional. Y la aplicación de la Carta Democrática interamericana . Si la reunión de cancilleres no propone salidas para promover sanciones contra Venezuela es letra muerta.
Si bien la OEA es el organismo regional que en razón a su competencia y funciones es quien debería procurar las soluciones al caso de Venezuela no menos cierto es que poco o nada puede hacer dado que la OEA estuvo omisa y silenciosa durante el Chavismo. Una realidad innegable.
La OEA hace lo que puede sin embargo, Venezuela y todas las naciones que sufren opresión por la dictadura merecen una atención global, decidida y no «lo que se pueda».
Por ello , esta situación se resuelve en definitiva con el apoyo de todos los organismos regionales y las Naciones Unidas como plataforma planetaria, es decir , la Comunidad Internacional.
Esta será sin duda una de las pruebas más duras que la Comunidad Internacional deberá enfrentar y demostrar cuán preparados están en especial las cancillerías a nivel regional y mundial para enfrentar situaciones polarizadas que desbordan los alcances propios del Derecho Internacional.
Esperamos que la Reunión de Cancilleres en el Perú aunque no sea una actividad oficial, por lo menos sean conectores para motivar una conciencia democrática internacional en favor de Venezuela no bajo declaraciones de principios solamente sino con soluciones operativas capaz de brindar un resultado óptimo para el pueblo de Venezuela.
