La Tercera Sala Penal del Callao expidió una resolución que ordena abrir instrucción contra el funcionario público de la DGAC/MTC, Luis Guillermo Sipán Hernández, por delito contra la administración pública –delito cometido por funcionario público– y abuso de autoridad en agravio del Estado y de la empresa AeroCóndor.
Aeronoticias tuvo acceso al fallo de la Tercera Sala, que está integrada por los vocales Molina Huamán, Bromley Guerra y Peirano Sánchez, y esta resolución se sustenta en el hecho registrado el 22 de junio del 2007, en que funcionarios públicos de la Seguridad de Aviación (Avsec) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), abusando de sus atribuciones, cometieron un acto arbitrario intimidando al piloto de la aeronave de AeroCóndor, Jorge Eduardo Durán Arriola, impidiéndole que ejerza las funciones de comandante de la aeronave y suspendiendo el vuelo que tenía programado hacer en la ruta Lima–Iquitos-Iquitos–Lima.
Ver Resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior del Callao
Ver Resolución de la Primera Fiscalia Provincial Penal del Callao
Ver Resolución de la Fiscal Superior de la Segunda Fiscalia Superior Penal del Callao
Abuso de autoridad
Según la resolución, para los vocales el fundamento de la Fiscalía Provincial y la Fiscalía Superior eran atendibles en razón a que se probó el abuso de autoridad, aunque el Ministerio Público consideró que también tenía que ser procesado penalmente César Matos, otro de los funcionarios que participó en este hecho (suspensión de vuelo), pero la Tercera Sala Penal lo dejó como testigo mientras se sustancia el juicio.
Pretendieron exculpar a funcionarios DGAC
Tras la denunciada presentada por AeroCóndor contra los funcionarios de la DGAC/MTC, el juez que vio el proceso penal en primera instancia, Néstor Palomino, pretendió exculpar a los funcionarios DGAC, lo que originó que la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, presidida por la vocal suprema, doctora Elcira Vásquez, abra una investigación disciplinaria a través de la Jefatura de la Unidad Operativa Móvil.
Lucro cesante
Expertos consultados por Aeronoticias consideraron que si se prueba que las paralizaciones fueron hechas indebidamente y que las demoras en la certificación de aviones por parte de algunos funcionarios públicos podrían ser englobadas en el llamado lucro cesante que habría originado que el pueblo peruano carezca de la posibilidad de contar con un servicio público de transporte aéreo con más alternativas y sin el cuasi monopolio que se vive a la fecha.
Pérdidas por US$500 mil para AeroCóndor
Según fuentes de AeroCóndor esta suspensión de vuelo le ocasionó un perjuicio económico de US$ 500 mil, además de que 131 pasajeros, entre nacionales y turistas extranjeros perdieran sus conexiones internacionales.
Séptima suspensión
La misma fuente detalló a Aeronoticias que esta era la séptima suspensión que arbitrariamente realizaban funcionarios Avsec-DGAC en contra del servicio público de transporte aéreo regular de AeroCóndor que se habían a registrado en los últimos tres meses del año 2007, cuando esa empresa privada gozaba de una solidez aerocomercial que la llevó a servir 16 destinos, así como realizar vuelos charter, ser la aerolínea que transporte delos jugadores de la Selección Peruana de Fútbol y la que apoyo humanitariamente a los heridos tras el terremoto del pasado 15 de agosto del 2007 que azotó Ica.
Una cadena de paralizaciones
Estas paralizaciones terminaron por sacar del mercado aerocomercial a AeroCóndor, que hasta el 2007 fue la segunda línea aérea nacional, hecho que deberá ser investigado por las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades, acciones u omisiones de algunos funcionarios de la DGAC/MTC.
Ministra Zavala deberá responder
La titular del Ministerio de Transportes, Verónica Zavala, que está inmersa en un proceso de interpelación por el Congreso de la República tendría mucho que explicar respecto a las razones que habría llevado a su portafolio a financiar la defensa de funcionarios públicos con fondos del Estado y sin que haya una licitación pública de por medio, tal como ordena la ley, y en denuncias del Ministerio Público donde figura como agraviado el Estado Peruano.
Uso de recursos públicos
Las instancias correspondientes deben investigar por qué sector Transportes habría utilizado recursos públicos sin licitación para contratar al abogado Julio Carrión y a los abogados José Herrera Ferreyros y Enrique Corilloclla Flores, del estudio jurídico Carrión, defensores de los funcionarios de la DGAC en la denuncia penal formulada por el Ministerio Público del Callao, en razón a que tratándose de Delitos contra la Administración Pública en agravio del Estado lo ético es que se apersone el procurador y no que el sector público gaste los recursos públicos para defender casos particulares.
Este hecho podría estar relacionado a toda una campaña de desestabilización desde ese sector para sacar a AeroCóndor del mercado aéreo nacional.
