(Aeronoticias).- El contrato de concesión del puerto General San Martín en Pisco, que el gobierno licitó recientemente y que suscribirá con el Consorcio Paracas para la operación de este terminal portuario no establece ningún porcentaje de utilidad para la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), dijeron dirigentes sector.
Y es que a diferencia de los otros procesos también cuestionados procesos, como el del Callao donde se establece una utilidad de 17% de las ganancias para Enapu, en el caso de la concesión del puerto de Pisco, los beneficios, explicaron, son nulos. Pisco, según se informó ocupa el segundo lugar en la generación de ingresos con S/.8 millones 737 mil 908 (2013); además de tener ingresos por venta de servicios que se incrementaron el año pasado en 26% respecto al 2012.
La Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (Fentenapu), que hizo la denuncia, pidió al gobierno de Ollanta Humala y al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, ordenar la investigación del proceso de concesión y frenar la suscripción del contrato. También demandan la intervención de la Contraloría y de la Comisión Permanente del Congreso.
El dirigente indicó que con esta maniobra se pretende declarar en quiebra a Enapu y proceder a su liquidación, contraviniendo una vez más el ofrecimiento electoral de Humala de repotenciar Enapu.
Los dirigentes ya habían denunciado varias irregularidades en el proceso, como la emisión de 49 circulares para modificar sustancialmente las Bases, el cronograma, el proyecto de contrato de concesión y modificación de tarifas.
El puerto General San Martín aporta toda su infraestructura, rutas, cartera cautiva de movimiento de naves a nivel interno y externo. Durante el 2013 la carga movilizada fue de 1 millón 275 mil 762 TM en un total de 115 naves (109 de alto bordo y 6 naves menores). “Sin embargo, por todo este valor, no le toca nada, ninguna utilidad, es un descarado regalo al concesionario del patrimonio de todos los peruanos”, dijo Ortiz Centty, quien señaló que ProInversión y la Autoridad Portuaria Nacional deben responder por estas irregularidades.
Con información de La República.
