Las invasiones en terrenos no pueden ser formalizadas por ser un delito

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El Organismo de Formalización de Propiedad Informal (Cofopri) ratificó a la comunidad en general que las invasiones son un delito de usurpación de la propiedad, y por lo tanto, no pueden ser formalizadas. Recordó que, de acuerdo a ley, Cofopri  sólo puede formalizar ocupaciones de terreno de propiedad estatal producidas hasta el 31 de diciembre del año 2004, y por tanto, cualquier ocupación posterior a esa fecha no será formalizada.
En tal sentido, alertó a los pobladores en general para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que alientan las invasiones de terrenos a cambio de dinero, poniendo en peligro su integridad y la de sus familias. En el caso de las invasiones de terrenos de propiedad privada, Cofopri únicamente puede propiciar un proceso de conciliación entre propietarios y ocupantes, conducente a la formalización de la propiedad, si alguna de las partes se lo solicita.
Las invasiones en terrenos no pueden ser formalizadas por ser un delito

“Queremos invocar a la ciudadanía a que no se deje sorprender por traficantes de tierras, que lo único que hacen es engañarlos y motivarlos a cometer un delito, porque cualquier toma de posesión de terrenos es un delito de usurpación que está tipificado en el artículo 202 del Código Penal”, refirió Hernando Hidalgo, jefe zonal de Cofopri Lima-Callao. Detalló que el Artículo 202 del citado código refiere que “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años:
1.- El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo;
2.- El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.
3.- El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble”.
Finalmente, el funcionario, indicó que el papel de Cofopri, como ente formalizador, es propiciar una cultura de respeto a la propiedad privada, a la Constitución y la Ley, por lo que rechaza todas las acciones que atenten contra los derechos de propiedad y alteren el orden público.

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