(Aeronoticias).- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner constantemente ataca y pone trabas a la prensa libre de su país y esto no parece no tener límites. Al mismo estilo que hizo su amigo y socio del ALBA, Hugo Chávez, contra el canal venezolano RCTV y, esta vez el régimen neoperonista de la señora Kirchner mostró su más feo rostro antidemocrático y dio un duro golpe a los diarios El Clarín y La Nación.
Las acusaciones contra dichas empresas periodísticas son realmente graves e insidiosas, pues no solo las señalan como promotoras de un monopolio abusivo del papel en agravio de otros diarios, sino que las vinculan al montaje de un esquema delictivo, que incluye hasta el secuestro y la tortura, para hacerse del control de la empresa Papel Prensa.
La presidenta Kirchner ha hecho un extensivo recuento de la supuesta cadena delictiva, que se remonta a la época del Gobierno militar, pero los cargos han sido desmentidos no solo por los directores de dichos diarios sino también por otras personalidades de reconocido prestigio que dan fe de la legalidad y legitimidad de la compra.
En cualquier caso, lo que llama poderosamente la atención son tres cosas: primero, que sea el Poder Ejecutivo, con la pareja Kirchner a la cabeza, el que monte un show para politizar al extremo una grave denuncia, que en todo caso debió ser liderada por el Poder Judicial; segundo, que con base en exageraciones, mentiras y supuestos, presentados como evidencias, se pretenda sojuzgar y dividir a la prensa, enfrentarla con la ciudadanía y distraer la atención de problemas trascendentales; y tercero, realmente el tema de fondo, la posibilidad de que el Gobierno tramite una cuasi confiscación de la empresa productora de papel y promueva un monopolio estatal del soporte principal de la prensa escrita, con lo que podría controlar, amedrentar y condicionar la libertad de prensa, expresión y opinión.
Hay lugar para la suspicacia. Previamente, al mejor estilo de las brigadas chavistas, el kirchnerismo organizó protestas violentistas contra los periodistas de “Clarín”; ordenó la brusca intervención en el local del diario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (la Sunat argentina); promovió la controvertida Ley de Medios Audiovisuales que, bajo el pretexto de democratizar el acceso a la información, buscaba amedrentar a los medios privados y estatizar las transmisiones; y avanzó incluso al manoseo de asuntos privados de la familia dueña de “Clarín”, con métodos propios de una dictadura, obligando a los hijos adoptivos de la propietaria, Ernestina Herrera de Noble, a someterse a vejatorios exámenes de ADN para determinar si los padres biológicos pertenecían al grupo de desaparecidos en la dictadura.
