La Oficina del Control Interno de la Magistratura del Poder Judicial del Perú aperturó investigación por inconducta funcional contra el juez suplente a cargo del 6to Juzgado Penal del Callao, Néstor Palomino Cotrina, que ve el caso AeroCóndor-DGAC, al parecer por la existencia de llamadas telefónicas del Juzgado a teléfonos que pertenecería a uno de los abogados de la defensa de los funcionarios públicos denunciados por la Fiscalía Superior del Callao por supuestos delitos de abuso de autoridad en agravio del Estado y de la compañía AeroCóndor, informaron fuentes judiciales a Aeronoticias.
Fuentes de la OCMA informaron a Aeronoticias que al juez suplente Palomino se le habría levantado el secreto de las comunicaciones debido a que estaría vinculado al presunto acoso de funcionarios de la DGAC y que habrían llevado a una serie de paralizaciones arbitrarias de Aeronaves Boeing 727-200 pertenecientes a la empresa AeroCóndor, motivo por el cual hoy se encuentran sin trabajo 700 familias peruanas.
La Primera Fiscalia Provincial Penal del Callao, a cargo del Fiscal Titular Juan Emilio Ladrón de Guevara encontró indicios razonables para denunciar penalmente a dos funcionarios de la DGAC del Perú, que el año pasado ordenaron suspender las operaciones de naves de AeroCóndor. De igual criterio es partícipe la Fiscal Superior en lo Penal del Callao, doctora Rosa Victoria Valdivia Yaranga.
Ese caso que compromete a los funcionarios de la DGAC se encuentra al voto en la Tercera Sala Penal de la Corte Superior del Callao, a cargo de los doctores Molina Huamán, Bromley Guerra y Peyrano Sánchez.
Caso de singular importancia
Este caso reviste singular importancia para la jurisprudencia peruana porque se trata del debate en la doctrina judicial de los poderes en los instrumentos internacionales y las leyes de aeronáuticas civiles de los países que le otorgan al Comandante de la Aeronave, en cuestiones de seguridad, la única y máxima autoridad al piloto a bordo, siendo responsable de la conducción, seguridad de la aeronave, tripulación, pasajeros, equipaje y de la carga transportada, desde que se hace cargo de la aeronave para emprender el vuelo.
En el caso de los funcionarios AVSEC de nivel intermedio de la DGAC, que están denunciados, y habrían irrumpido en la cabina ordenando la cancelación del vuelo, sin tener el poder legal para esta acción que es competencia que es ejercida por el Director General de Aeronáutica Civil del Perú, lo cual, es por las reglas de la lógica un exceso por desconocimiento normativo.
Según consulta a especialistas en la materia, "las leyes nacionales e internacionales de aviación, otorgan al piloto de la aeronave la responsabilidad de la seguridad, desde que se hace cargo de su tripulación y de la aeronave, por lo que ningún funcionario de Estado puede bajo responsabilidad irrumpir en la cabina y dictar orden de paralización alguna del servicio público de transporte aéreo.
Detallaron que estando la seguridad del vuelo en control del piloto de la aeronave, y según lo dispuesto por el Art. 74 de la Ley 27261 Ley de Aeronáutica Civil del Perú, cualquier interferencia de un funcionario en la cabina de mando constituiría un exceso que podría llegar a ser abuso de autoridad y el juez no puede dejar de aplicar esta norma que le otorga los poderes al comandante de aeronave basados en instrumentos internacionales ratificados por el Perú, ya que en este supuesto el juez podría prevaricar, y debería ser sancionado con la destitucion por el Poder Judicial o el Concejo Nacional de la Magistratura sostuvieron las fuentes del Ministerio Público del Callao consultadas por Aeronoticias.
Por último, Aeronoticias estará recogiendo la opinión del doctor Pedro Cueto Chuman, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao respecto a esta importante acción de la OCMA contra este Juez Suplente que era administrador de modulo judicial y esta provicionalmente en el cargo, y que que al parecer no leyó bien el artículo 74 de la Ley 27261 que establece que el piloto es la única y máxima autoridad a bordo de una aeronave y que sólo a él le compete la seguridad, desde que está al mando.
Finalmente, debe investigarse por qué no se a abierto proceso penal a los funcionarios públicos que le habrían causado daño a una empresa privada con una cadena de sucesos que la ha llevado a dejar de volar en las rutas regulares a nivel nacional y sólo se haya centrado en una ruta regional en perjuicio de centenas de familias peruanas que hoy se han quedado sin trabajo y que esperan del poder judicial justicia.
