La jefa de asesoría legal de la Dirección General de Aeronáutica Civil en la gestión del ex Director de Aeronáutica Civil, Luis Rivera Pérez, el 10 de abril de 2006 habría expedido un informe legal a través del cual le informa al Director de la DGAC que el proyecto OACI se financia 100% con fondos del Estado, y por lo tanto, dicho fondo no proviene de la OACI por lo que las contrataciones debieron hacerse por licitación pública de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sin embargo se tiene que investigar si los funcionarios públicos César Matos (que ya no está en la DGAC), Luis Sipán y Vanessa Oliveros, se beneficiaron sin licitación pública de servicios privados de abogados externos para que se los defienda en una denuncia de abuso de autoridad que les interpuso Aerocondor por las decenas de vuelos que se le venían paralizando en el 2007, e inclusive se tiene que investigar si con estos fondos se ha financiado la contratación de abogados particulares para una persecución política contra un abogado que reclamó en defensa del servicio público del transporte aéreo, lo que sería todo un escándalo de cómo se usan el dinero del Estado.
«Según dicha normas el Estado debe seguir procedimientos presentables para contratar procedimientos preestablecidos para contratar y sujetarse a las condiciones, requisito, plazos y limitaciones que se establecen para cada procedimiento.
La escrita regulación en materia de contrataciones del Estado se justifica por el uso de fondos públicos y busca garantizar que está sea objetiva, imparcial, justa y que concurran la mayor cantidad de postores, de modo que luego del proceso de selección se elija a la mejor oferta por el menor precio, en beneficio del Estado, es decir que la contratación sea eficiente.
La legislación vigente hace mención expresa al caso de adquisiciones y contrataciones que se realizan dentro del marco de convenios internacionales. Así, la Tercera Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que las adquisiciones y contrataciones que se realicen se rigen por el propio convenio sólo si los contratos son financiados por la entidad cooperante en un porcentaje no menor al 60% con recursos provenientes de la entidad con la cual el Estado ha celebrado el convenio internacional.
En el caso del Proyecto PER 01/801-OACI-DGAC celebrado, entre la DGAC y la OACI, la entidad cooperante, OACI, administra recursos provenientes del Estado que le son transferidos para que, a través de su administración, se garantice y asegure los medios técnicos, profesionales y administrativos suficientes que permitan a la DGAC el cumplimiento adecuado de sus funciones como entidad que ejerce la autoridad aeronáutica civil.
La OACI utilizando los recursos transferidos celebra contrataciones y adquisiciones en beneficio de la DGAC, contrataciones que son financiadas con recursos que no provienen de la OACI sino del Estado peruano. En este sentido, dichas contrataciones tendrían que regirse no por el convenio internacional sino por las normas que en materia de contrataciones y adquisiciones son aplicables a todas las entidades del Estado».
Aeronoticias solicita públicamente al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramirez y al flamante director de la DGAC, Ramón Gamarra Trujillo que pidan información al señor “Freddy Nuñez de la DGAC” encargado de contratos o a quién fuere competente que informe si es verdad que por orden de la ex ministra de Transportes Verónica Zavala Lombardi y el ex viceministro Carlos Puga Pomarada se habría contratado sin licitación pública al Estudio Jurídico a los doctores Jorge Herrera Ferreyros, Reg. 35855 y al Dr. Enrique Corilloclla Flores, Reg. CAL 39659 y con cargo probablemente a los fondos del proyecto PER01-801-OACI para pagar los honorarios profesionales de funcionarios de la DGAC denunciados por abuso de autoridad y financiarles una querella contra el abogado y la empresa de aviación que en ejercicio regular de un derecho simplemente hizo uso de la libertad de expresión.
No existe precedente en este gobierno democrático del Dr. Alan García Pérez que en un ministerio probablemente se usen fondos públicos sin licitación pública para perseguir a personalidades que ejercen su derecho a la libertad de expresión y legítima defensa cuando se paraliza el servicio público de transporte aéreo, en un hecho que tiene que investigarse ya que quienes conociendo estos indicios no lo hagan tendrán que responder a las administraciones sucesivas, los cargos públicos son temporales, lo importante es que no se use el dinero público y menos el proyecto PER 01/801 OACI para defensas privadas.
Cabe agregar que estamos ante un gobierno democrático con un partido político en el poder que ha escrito las páginas más hermosas en la historia de la democracia peruana y que jamás se ha prestado para que con dinero público se haga persecución política como en el pasado, gobiernos dictatoriales lo hicieron contra el político más importante en la historia del Perú, Víctor Raúl Haya de La Torre, es por ello que creemos que Enrique Cornejo no va a pasar por agua tibia a “quienes” hubieran recibido servicios privados con fondos públicos.
