(Aeronoticias).-El PSOE considera que ese acercamiento con los controladores aéreos se ha traducido en un trato de privilegio hacia un colectivo en un momento de recortes en todo el sector público. El principal partido de la oposición tiene previsto presentar en los próximos días una iniciativa en el Congreso para que el Ministerio de Fomento explique qué criterios ha aplicado para el reparto entre los 2.400 controladores de un complemento de productividad de más de 44 millones de euros en plena crisis económica.
Dicha paga, correspondiente a 2011 y que se repartió en noviembre pasado, se contemplaba en el laudo que elaboró el exministro Manuel Pimentel a comienzos de 2011 para poner fin al conflicto laboral que enfrentó a los controladores con el anterior equipo de Fomento en 2010. El vocero del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso, Rafael Simancas, considera que no debería haberse abonado, dado que el tráfico en los aeropuertos españoles se mantiene estancado. Pero sobre todo recuerda que Fomento está aplicando en AENA, el gestor público de los aeropuertos, un expediente de regulación de empleo para 1.600 empleados, el 10,6% de la plantilla, y tampoco ha abonado la paga extra de Navidad. Por ello, el diputado explica que registrará en el Congreso una pregunta sobre los criterios aplicados para el pago del complemento de productividad, dirigida a los responsables del ministerio.
Fuentes de Fomento aseguran que ese complemento de productividad debe pagarse, dado que el laudo es de obligado cumplimiento. Lo mismo remarcan los responsables de Navegación Aérea de AENA y el sindicato de controladores (USCA). “El complemento de productividad no es un plus, sino cantidades que previamente han sido detraídas de nuestras nóminas y que después se reparten con otro criterio enfocado a aumentar el rendimiento”, explican en USCA. Los controladores aseguran que ellos tampoco han cobrado la extra de Navidad. Sobre cuáles han sido los criterios para abonar el complemento, fuentes de Navegación Aérea responden que se trata de “criterios individuales y colectivos, donde se prima la calidad del servicio ofrecida”. El laudo establece como criterios generales “la productividad, la puntualidad, la presencia, el absentismo y las regulaciones de tráfico”.
El laudo arbitral, que modifica el convenio colectivo de los controladores y tiene vigencia hasta 2013, estableció que la jornada máxima del colectivo no podía superar un número determinado de horas y fijó un salario medio de 200.000 euros al año, frente a los 334.000 euros de media anteriores. El PSOE es partidario de reducir aún más el salario, hasta los 160.000 euros de media.
El mencionado laudo puso fin de una vez por todas al conflicto laboral con los controladores, pero no al judicial. Hay dos frentes abiertos a raíz del caos aéreo de diciembre de 2010 que terminó con la militarización del espacio aéreo, según el Gobierno de entonces, por la falta de controladores. Por un lado, ha quedado visto para sentencia el juicio contra ocho controladores del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago; por otro lado, un juez de Madrid instruye el proceso contra 400 controladores. En ambos casos el Ejecutivo se ha presentado como acusación particular.
El acercamiento entre el actual Gobierno y el sector podría acelerar los procesos, según Simancas, que está convencido de que el Ejecutivo ha suavizado la estrategia en esas causas. Fuentes de Fomento y de USCA coinciden en que está habiendo un acercamiento, pero el departamento que dirige Ana Pastor desvincula las mejores relaciones con el conflicto en los tribunales. “Eso está en manos de la Abogacía del Estado”, sentencia una portavoz del Ministerio.
