(Aeronoticias).- En un comunicado leído por la guerrillera Judith Simanca alias «Victoria Sandino», las FARC afirman que su «participación activa en la política abierta» debe comprender la «asignación directa» de curules en el parlamento de Colombia, asambleas departamentales y concejos municipales, durante al menos dos periodos.
Con la finalidad de contribuir a la «reconstrucción de la base productiva del país» y al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población más pobre, los negociadores de las FARC en los diálogos de paz, con sede en la capital cubana desde 2012, plantearon la necesidad de desarrollar «economías del común».
Además, insistieron en promover y apoyar «procesos organizativos sociales» que puedan brindar servicios de salud, trabajo, vivienda y seguridad social a «todos y cada uno» de los integrantes del grupo rebelde.
«Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y la transformación de las FARC en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de justicia especial para la paz», afirmó «Sandino».
Como consigna, estos arreglos deberán fundamentarse en los principios de «la justicia restaurativa», extensivo a «prisioneras y prisioneros políticos y de guerra condenados o con procesos de trámite», señalaron los insurgentes.
Las condiciones planteadas para el paso de la guerrilla a movimiento político se inscriben en las diez «propuestas mínimas» reveladas por las FARC en octubre pasado, que incluyen, entre otras medidas, la creación de un «plan nacional» para el fin del conflicto y la «reconciliación» en Colombia.
Las FARC y el Gobierno iniciaron el pasado martes un nuevo ciclo de diálogos con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral antes de fin de año, la cual prepararía el camino para el acuerdo final que según el plazo propuesto, podría firmarse antes de finalizar marzo de 2016.
En una mención especial al iniciar hoy la jornada de conversaciones, el grupo rebelde rindió homenaje a las víctimas de la tragedia del Palacio de Justicia, ocurrida hace 30 años y por la que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos pidió perdón el viernes en nombre del Estado.
«Las víctimas de esta tragedia siguen clamando por el esclarecimiento de la verdad», advirtió la guerrilla, que pidió una «veeduría y acompañamiento internacional por las injerencias indebidas de la inteligencia militar y por las profundas irregularidades acaecidas a lo largo de toda la investigación».
Fuente: El Comercio.
