En un escrito, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que se aclare si Air Comet siguió vendiendo billetes luego de que un juez de Londres acordara paralizar su actividad, tras admitir la demanda presentada por el banco alemán Nord Bank, con el que la empresa aérea tenía un contrato por el “leasing” (alquiler) de su flota.
El pasado 23 de diciembre, una decena de asociaciones de consumidores presentó ante la Audiencia Nacional española una denuncia contra los representantes legales de Air Comet por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
Los pasajeros afectados por la quiebra de dicha aerolínea pidieron que el órgano instructor depurara las responsabilidades penales de los dueños de Air Comet, el presidente de la patronal española (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Gonzalo Pascual.
En el texto de la denuncia, los consumidores acusaron a la aerolínea de haber vendido pasajes aéreos a sus clientes hasta el 18 de diciembre “con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones”.
También, aseguraron que el 21 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico, Air Comet seguía destacando en su página web “ofertas especiales de vuelo hasta el 31 de diciembre”.
La compañía Air Comet suspendió sus operaciones el pasado 21 de diciembre y anunció su cierre ante su incapacidad para afrontar sus deudas millonarias.
Dicha cancelación, dejó varados a miles de personas que fueron en su mayoría trasladadas en aviones fletados por el Gobierno español, como Iberia o Air Europa.
Air Comet presentó un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla, 666 trabajadores, y anunció la presentación de un concurso de acreedores (suspensión de pagos), para afrontar unas deudas estimadas en torno a los 100 millones de euros (unos 144 millones de dólares).
