(Aeronoticias).-Según los reportes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 71 efectivos policiales y militares han fallecido en emboscadas narcoterroristas, desde la primera incursión en el Vizcatán en el año 2008 hasta los últimos enfrentamientos ocurridos en la selva del Cusco.
Cifra preocupante, del 51% de los efectivos caídos durante los enfrentamientos con los subversivos, solo tenían entre 20 y 22 años. La gran mayoría eran sargentos reenganchados del Ejército, cabos, soldados y suboficailes de la Policía, provenientes de familia de escasos recursos económicos.
La Defensoría del Pueblo anota que motivados por los 900 soles que perciben por esta peligrosa misión, al ser de familias con situación económica apremiante, muchos de estos jóvenes aceptan voluntariamente ir a la convulsionada zona del VRAE.
Las similitudes en los casos de los abatidos efectivos del orden radicaría en el origen, y no como explicó anteriormente el viceministro de Defensa, general (r) Wilder Calle que al VRAE van los voluntarios que están habituados al clima y a ese terreno.
Sin embargo, las estadísticas confirman que el 44% de los policías y militares asesinados hasta la fecha provenían de las regiones Ucayali y Loreto.
En vista de ello, El Comercio publicó en un informe que en sucesivos informes de los años 2003 al 2010, la Defensoría del Pueblo denunció casos de menores de edad reclutados por las FF.AA, en Ucayali, Loreto y Amazonas. En el 2009, la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa solicitó la baja definitiva de 14 menores enlistados en el Ejército.
Por ejemplo nunca se esclareció si varios de los soldados fallecidos en un atentado narcoterrorista ocurrido el 9 de abril del 2009, en Sanabamba, Ayacucho eran menores de edad que fueron reclutados por el Ejército y luego enviados al VRAE.
