El Ministerio Público ha tomado esta decisión después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz no admitiera a trámite la denuncia de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), al estimar que ésta contenía «meras afirmaciones desnudas» sobre la posible existencia de un delito, «que no permiten iniciar un procedimiento penal».
Los afectados por el cierre de Air Comet insisten en su objetivo de mantener abierta la vía penal contra los propietarios de la aerolínea, y esta mañana han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional para que la Sala de lo Penal obligue a Pedraz a investigar la posible comisión de estafa e insolvencia punible.
Las asociaciones de consumidores AUC, ASGECO, CECU, CEACCU, FUCI, FACUA, OCU y UNAE siguen denunciando que la compañía aérea continuó vendiendo billetes «cuando ya se tenía pleno conocimiento de la situación de insolvencia manifiesta y la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas».
Para la Fiscalía, en contra del criterio de Pedraz, de esta denuncia «se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva», cuya notoriedad es conocida por haber sido publicitados ampliamente en todos los medios de comunicación.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que, en un primer análisis jurídico, los hechos denunciados «pueden ser definidos como una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas».
La Fiscalía considera procedente la apertura de diligencias porque la denuncia «ofrece datos precisos para iniciar una investigación penal» que sirva para aclarar si Air Comet vendió un número elevado de billetes en diciembre de 2009, «conociendo que no iba a poder prestar el servicio de transporte aéreo contratado».
En los fundamentos jurídicos del escrito, el fiscal considera que, a diferencia de lo que sucede cuando se emplea el instrumento procesal de la querella, en este caso no es legalmente exigible la identificación previa de los presuntos responsables de la acción criminal.
Los consumidores calificaron de «inaudita» y «sorprendente» el archivo de la causa por parte de Pedraz, y argumentaron que una sentencia del Supremo establece que las asociaciones «están legitimadas «no sólo para ejercer la acción penal y civil en defensa de sus asociados», sino también de aquellos «consumidores perjudicados que no hubiesen comparecido como acusación particular».
Los Servicios Jurídicos de CEACCU han señalado que agotarán todas las posibilidades jurídicas para que al menos se investigue qué ha sucedido, ya que están recibiendo correos electrónicos de afectados que han comprado billetes con posterioridad al 18 de diciembre, cuando la compañía tuvo que suspender todos sus vuelos por orden de un juez británico el 21 de diciembre.
Según fuentes jurídicas, si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España diera la razón a los consumidores y ordenara al juez Pedraz reabrir el caso, el Ministerio Fiscal tendría que abandonar su investigación y traspasar toda la documentación al magistrado de instrucción.
Aeronoticias considera que se debe esclarecer el problema en el ámbito administrativo, civil y penal en razón a que el Estado español también es parte de la solución de este problema, ya que debió prever la existencia de coberturas de seguros para responder por los incumplimientos del contrato de transporte aéreo, similar conducta aeropolítica han debido seguir las autoridades de los países, en este caso Perú, Argentina y Ecuador, quienes debieron exigir una póliza de seguros para responder por estos daños.
