(Aeronoticias).-El titular del Poder Judicial, César San Martín, informó que con la finalidad de establecer si contribuye a garantizar un espacio de libertades y de democracia plena, la Sala Plena de la Corte Suprema realizará una discusión muy minuciosa sobre el proyecto de ley del negacionismo.
Reveló además que junto a un grupo de expertos, el Poder Judicial ya inició la evaluación de este tema que ha generado polémica en diversos sectores del país.
“Dada su relevancia ya estoy trabajando con un grupo de expertos y habrá una discusión muy cuidadosa en la Sala Plena para determinar si es proporcional una ley como esta y si contribuye a garantizar un espacio de libertades y un espacio de democracia plena”, declaró a un canal de cable.
San Martín si bien aseguró que se trata de una iniciativa legislativa “muy polémica”, consideró que no necesariamente pone en riesgo la libertad de expresión, dado que en el derecho comparado hay leyes de este tipo vigentes.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que se requiere de “mucha prudencia” y cuidado en la dación de normas de este tipo y en su interpretación.
“La pregunta que uno debe hacerse desde la política penal es si esta ley es necesaria, si la criminalización de conductas especialmente aberrantes que lesionan el sentimiento colectivo debe ser enjuiciada a partir del recurso del derecho penal”, afirmó.
Añadió que la Sala Plena de la Corte Suprema no se pronunciará sobre si esta iniciativa es oportunidad o no, pues su análisis se centrará en el aspecto técnico y jurídico y si respeta o no la libertad de expresión.
Cabe precisar que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de agosto el proyecto de ley sobre el “negacionismo”, que busca penalizar las conductas que justifiquen o nieguen los delitos de terrorismo en el país.
El proyecto, según el Ejecutivo, busca proteger a la sociedad de “un lenguaje de odio” y de las amenazas contra la democracia en el país.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas, explicó que se busca penalizar a aquellas personas que públicamente y por medios idóneos, en este caso públicos, aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos de terrorismo.
