(Aeronoticias).- El Gobierno de Evo Morales defendió ayer la expropiación de la empresa administradora de aeropuertos Sabsa ante las protestas de las empresas Abertis y Aena, las advertencias del Gobierno español y las críticas de opositores bolivianos.
Los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Servicios Públicos, Vladimir Sánchez, expusieron ayer en sendas ruedas de prensa los argumentos oficiales sobre la medida tomada el lunes contra Sabsa, empresa que gestionaba los tres principales aeropuertos bolivianos.
Quintana señaló que Bolivia asume con «prudencia y firmeza» la advertencia de España de que replanteará los lazos bilaterales tras la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), filial de Abertis y participada por Aena.
El presidente Evo Morales decretó el lunes la expropiación de Sabsa argumentando que no hizo inversiones en los aeropuertos de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que la empresa tenía a su cargo desde 1997, aunque fue en 2004 cuando pasó a depender de Abertis-Aena.
Sabsa es la sexta filial de compañías españolas que es expropiada por Morales en menos de un año, tras las nacionalizaciones de cuatro de Iberdrola y una de Red Eléctrica de España que ocurrieron en 2012.
Quintana ejerce como canciller interino debido a que el ministro de Exteriores, David Choquehuanca, ha viajado junto a Morales a la sede de la ONU en Nueva York para inaugurar el Año Internacional de la Quinua.
El titular de Presidencia dijo que mostrarán «firmeza para preservar los intereses de los bolivianos, los intereses del Estado plurinacional frente a las acciones irrespetuosas de incumplimiento de empresas extranjeras».
El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, señaló ayer que España es la «única defensora» en la UE de la «generosa» cooperación que se mantiene con Bolivia y anunció que Madrid ha consultado a las instituciones europeas si creen que esa política puede continuar tras las expropiaciones.
El Ministerio de Exteriores ha convocado para este miércoles a la embajadora boliviana en España, Carmen Almendras, para que ofrezca explicaciones sobre la nueva nacionalización.
Además, la Comisión Europea reclamó a Bolivia que compense de forma «rápida» y «adecuada» a Abertis y Aena por la expropiación y advirtió al Gobierno de La Paz de que las frecuentes nacionalizaciones suponen una «señal negativa» para los inversores.
Abertis reclama 90 millones de dólares a Bolivia por la expropiación y estudia posibles acciones jurídicas internacionales, explicó el consejero delegado del grupo, Francisco Reynés.
Al respecto, el ministro Sánchez dijo ayer que está al tanto de la reclamación pero que están trabajando con la Procuraduría del Estado para demostrar que «no tiene razón».
«Hemos demostrado que en vez de invertir nos estaban saqueando como país», insistió Sánchez, al explicar que Sabsa prometió una inversión que debía llegar a 26 millones de dólares en el período 2006-2011, pero que solo alcanzó los cinco millones de dólares.
El Gobierno ha establecido un plazo de 180 días para contratar una consultora que haga una evaluación de la firma nacionalizada para saber cuánto debe pagar como indemnización, pero también «cuánto ha dejado de invertir Sabsa».
Por decreto, el Ministerio de Servicios Públicos asumió desde ayer el control de las acciones de Sabsa y anunció este martes un plan para invertir en los próximos tres años 19 millones de dólares en las tres terminales.
La expropiación de Sabsa ha sido criticada por algunos opositores como el líder del Movimiento sin Miedo, Juan del Granado, quien señaló que las nacionalizaciones «no tienen sustento en la vida económica del país» y cree que solo crearán más burocracia estatal.
El diputado de la conservadora Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado opinó a su vez que «siguen las nacionalizaciones-cortina de humo» como estrategia del Gobierno para desviar la atención del caso de una red de funcionarios que extorsionaban a reos y que fue destapada en noviembre pasado.
«Si el Gobierno convierte a Sabsa en un botín político para dar ׳pegas׳ (colocar) a sus militantes decaerá la calidad. Así que exigiremos el respeto a la estabilidad de los actuales funcionarios», afirmó también el diputado opositor.
En declaraciones a Efe, el analista en relaciones internacionales Gustavo Aliaga Palma cuestionó la forma en que el Ejecutivo boliviano procede con las expropiaciones, sin aviso previo a las empresas y enviando militares a tomar las instalaciones porque, según dijo, en la diplomacia «las formas son las que mandan».
Criticó, además, que se haya actuado de esa forma con el país europeo con el que Bolivia tenía mejores relaciones y del que recibe una importante cooperación «en sus buenos y malos momentos».
Agencia EFE.
