Se trata de Alberto Álvarez, Piloto con amplia experiencia en aviación civil, Gino Defilippi, Inspector de Antonov, Sixto Beranstain Gómez, Carlos Li Chumpitaz, entre los 7 funcionarios despedidos.
Luego de que esta decisión causara conmoción, ya que prácticamente se sacaba del mercado a las líneas aéreas competidoras de LAN, López Mareovich, dio marcha atrás y repuso a estos funcionarios.
Actualmente la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú es manejada por los 5 funcionarios, que ejecutando ordenes que otro Gobierno tendrá que investigar, cerraron Aerocondor dejando 700 familias en la calle y a la mas antigua línea aérea peruana, fuera de los servicios regulares, lo que originó que el 20% de participación que tenía en el mercado lo este sirviendo hoy, precisamente LAN, los responsables fueron Verónica Zavala Lombardi y Carlos Puga Pomareda, ex ministra y ex viceministro de Transportes, quienes en un concurso público fraudulento nombraron al economista Ernesto López Mareovich sin experiencia en aviación civil y con algunos conocimientos en el tema por “haber sido pasajero de alguna línea aérea”.
En su última visita al Perú en el mes de junio, la FAA de los Estados Unidos habría encontrado serias discrepancias en su auditoria a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú, lo que puede afectar gravemente el turismo y la imagen internacional del Perú, según la FAA, el Perú tiene insuficiencia de inspectores calificados por citar un caso, un ex capitán de la Fuerza Aérea sin ninguna experiencia en vuelos comerciales, Cesar Matos desempeña funciones para las que no esta calificado, otro problema sería el recorte presupuestal en el área de operaciones y el divorcio total entre la DGAC y la Dirección de Seguridad Aérea, ya que además en una grave decisión para la seguridad operacional en los últimos años se han retirado a 7 inspectores y esas plazas se han cubierto con burocracia administrativa, lo que prueba que la DGAC del Perú esta a la deriva.
El ministro de Transportes, Enrique Cornejo, es responsable de esta situación y cualquier accidente de aviación le traería un costo político, en razón a que mas allá de la protección de ciertos intereses que requieren que el Director General de la DGAC no vea nada y no haga nada cuando del monopolio se trata, el interés común de un país tiene que centrarse en la seguridad operacional, y en este caso parece ser que la defensa exacerbada de ciertos intereses, puede llevar excesos.
Por último fuentes del Congreso de la República informaron, que la Comisión de Transportes del Congreso estaría invitando al ministro Enrique Cornejo en el mes de agosto a fin de que informe sobre estos y otros graves cuestionamientos contra funcionarios de la DGAC.
