Litio para las baterías, oro y coltan para los teléfonos móviles, telurio e indio para las plantas de energía solar, tungsteno para el acero, diamantes para la industria y las joyerías: Alemania importa casi todas las materias primas que necesita desde países en desarrollo. Como consecuencia de la competencia internacional por acceder a dichos bienes, los productores alemanes temen a la escasez de suministros y al alza de los precios.
Pero hay un costo de las materias primas que no se cotiza en la bolsa. Su explotación va a menudo acompañada por la degradación ambiental, las violaciones a los derechos humanos, el abuso financiero de políticos corruptos y conflictos armados. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales de Alemania piden que se establezcan normas sociales y ambientales a las empresas que están en la cadena de suministro. Una misión que el movimiento «Materias primas para un mundo mejor» cree que también concierne tanto al Estado como a los consumidores.
Largas cadenas de abastecimiento
«La mayoría de los consumidores en Alemania y Europa no saben de dónde vienen las materias primas. Incluso muchas empresas que trabajan con metales, por ejemplo, no tienen una mirada global de la cadena de suministro. Y en muchas zonas mineras no se tiene consideración ni on las personas que viven ahí ni con la naturaleza, porque lo exige de forma expresa», dice Friedel Hütz-Adams del Instituto Südwind, coautor del estudio «Im Boden der Tatsachen» («En el lugar de los hechos»). Para el estudio, Hütz-Adams y sus colegas vieron con sus propios ojos cómo se trabaja en las vetas de explotación minera de tres continentes y llegaron a la conclusión de que los abusos son usuales.
Y si las empresas no hacen nada, ¿recaerá la responsabilidad final en el consumidor? No, dice el científico, eso sería ir demasiado lejos. «Cuando yo compro un teléfono móvil, hay allí unas pocas centésimas de gramo de oro o de tantalio. Es imposible que uno conozca los 10 o 15 pasos que hay entre que el metal es obtenido hasta que llegan al teléfono», dice.
La ley de Estados Unidos como modelo
Gracias a las actas Dodd-Frank, una ley estadounidense, el tema ha empezado a moverse. Esa ley exige que las empresas de Estados Unidos, y también las extranjeras que cotizan en las bolsas de ese país, revelen de dónde obtienen sus materias primas y cuánto dinero pagan a los respectivos gobiernos.
Por eso también los fabricantes alemanes están bajo presión, piensa Hütz-Adams, porque están estrechamente ligados con el mercado de Estados Unidos. «Entonces forzosamente deben controlar también su propia cadena de suministros. Por ahora luchan con uñas y dientes y hacen lobby ante el gobierno federal para evitar una lay similar acá en Alemania», dice.
La huella geológica
Los fabricantes de productos alemanes están cada vez más forzados a observar la nueva ley estadounidense, dice Frank Melcher, del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR por sus siglas en alemán). El BGR ha desarrollado una «huella digital» geológica, gracias a la cual se puede saber de qué mina proviene determinado mineral. «El origen del mineral es importante, pero igualmente importante es la creación de estructuras y que exista la voluntad política para hacer transparente el comercio de materias primas», dice Melcher. Ya se ha certificado, por primera vez, a las empresas mineras en Ruanda, mientras que metales provenientes de las zonas en conflicto de África Central están excluidos del mercado.
No hay soluciones mágicas
Los certificados son una forma interesante de hacer más justo el sistema, dice Lena Guesnet, del Centro Internacional de Bonn para la Conversión (BICC). Guesnet ha investigado sobre el tema «materias primas y conflictos» y quizás por eso mismo se muestra escéptica: la certificación es técnicamente complicada y requiere de estructuras activas. «Yo creo que cuando el Congo esté listo para implementar este modelo, entonces probablemente este nuevo sistema ya no sea necesario», dice.
Pero sin presión es poco probable que las empresas cumplan con los estándares ambientales y sociales y además paguen los impuestos. Así como es poco probable que los ingresos financieros generados por las materias primas se inviertan en calles, escuelas y salud, sin que gran parte de ese dinero caiga en manos corruptas.
La presión de los políticos y los consumidores
Sería bueno, dice Hütz-Adams, del Südwind-Institut, si Europa cumpliera con los estándares mínimos en términos de normas sociales y ecológicas. Los gobiernos y las empresas públicas podrían servir de modelo si ganaran tiempo en ese sentido, agrega el investigador. Por ejemplo, en Alemania, con el suministro en los servicios públicos. Cada año, miles de computadores y teléfonos móviles son adquiridos por el Estado. Algunas ciudades, como por ejemplo Bonn, requieren a sus proveedores que garanticen los derechos humanos y laborales básicos de sus trabajadores.
Lena Guesnet, de BICC, no subestimaría el poder de los consumidores. Ya hay campañas internacionales como «MakeITfair!», «Fatal transactions“ y «Pas de sang sur mon portable!». En sus sitios web se encuentra más información y las direcciones de los proveedores, dice Guesnet, y espera que cada vez más y más consumidores busquen orientación en esas páginas antes de comprar un producto.
Autor: Matilda Jordanova-Duda / DZ
Editor: Pablo Kummetz
