En tanto, la defensa de De la Rúa confirmó que desistirá de apelar la decisión judicial conocida hoy. En agosto pasado, la Cámara Federal, tribunal de alzada, confirmó el procesamiento de De la Rúa al considerar que hay pruebas suficientes para enjuiciarlo por pagar sobornos a senadores del opositor partido Justicialista, en abril de 2000, para que aprobaran la ley de reforma laboral, clave para la marcha del gobierno y su relación, entonces, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De ser encontrado culpable del delito de cohecho activo, De la Rúa podría ir a la cárcel por entre uno y seis años. «Nada me vincula con los hechos. El fallo es una herejía jurídica», sostuvo De la Rúa en declaraciones a canales de televisión locales. Según el ex mandatario, «se está montando un escándalo nacional con la noticia, cuando en realidad no cambia nada» respecto de su situación procesal. El 31 de agosto pasado, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de De la Rúa, quien, además de estar acusado de «cohecho activo», afronta un embargo sobre sus bienes por 500.000 pesos (129.000 dólares USA).
La causa contra el ex mandatario se remonta a 2008, cuando el juez Rafecas procesó al ex mandatario al acusarlo de ser el «máximo responsable» de pagar coimas (sobornos) en 2000 por cinco millones de pesos (cinco millones de dólares de entonces) a legisladores opositores para la aprobación de una reforma laboral que reclamaba el FMI. El ex jefe de Estado apeló la decisión del juez, y la medida fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones, integrado por los magistrados Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Sebastián Casanello.
De esa manera, y tras la resolución de este miércoles del magistrado de primera instancia, De la Rúa será sometido a juicio oral y público. Por la misma causa, ya fueron procesados el ex ministro de Trabajo de De la Rúa durante su mandato, Alberto Flamarique; el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibáñez, y el ex funcionario del parlamento argentino Mario Pontaquarto, conocido en la nación sudamericana como «el arrepentido».
Pontaquarto denunció públicamente, en abril de 2000, el presunto pago de sobornos, y asumió haber estado involucrado en el reparto de dinero. Esa noticia, conocida cuatro meses después de la asunción de De la Rúa, derivó en una profunda crisis política por la cual el entonces vicepresidente argentino, Carlos Alvarez, renunció al cargo en octubre de ese mismo año.
En tanto, De la Rúa abandonó el cargo en diciembre de 2001, dos años antes del plazo constitucional, en medio de una profunda crisis social y económica. En la investigación también están involucrados los ex senadores justicialistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda.
