El ministerio de Justicia nombró al procurador Oswaldo Arroyo Novoa como procurador público ad hoc, para que represente al Estado en los procesos iniciados o que se inicien en el marco de la protesta registrada en la Amazonía, que ha dejó 34 muertos.
Respecto a la resolución publicada en El Peruano “la ocurrencia de los actos violentos producidos en la zona amazónica durante los últimos días, ha generado una serie de ilícitos penales contra los Poderes del Estado”.
Se sostiene que hubo un atentado “contra la vida, el cuerpo y la salud de los miembros de las fuerzas armadas y policiales, perpetrándose además actos que han destruído la propiedad pública y privada”.
En la resolución no se habla de la posibilidad de ver los casos de los diez civiles fallecidos durante los enfrentamientos.
Contiene la firma del presidente Alan García, del primer ministro Yehude Simon y de la ministra de Justicia Rosario Fernández.
Además sostiene que “el Procurador Público Ad Hoc deberá informar a la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los nombres de las personas investigadas o procesadas y los bienes muebles e inmuebles del Estado afectados por la comisión de ilícitos penales”
