(Aeronoticias) El candidato al Congreso de la República por Lima Metropolitana por Perú Libre con el Nº 7, Julián Palacin, Abogado de profesión y especialista en Responsabilidad Civil, expresó que luego de las declaraciones del Presidente Francisco Sagasti, en el programa «Cuarto Poder» de América TV (Canal 4) el día domingo 28 de febrero del 2021, en donde se opuso abiertamente a que el sector privado vacune a sus asegurados, expresó lo siguiente.
Creo que el Presidente Sagasti debe pedir un informe legal a su Ministro de Justiticia, Eduardo Vega, ya que la posición de oponerse a que el sector privado, entre ellos las Compañías de Seguros y Reaseguros, vacunen a sus asegurados, el Estado por dolo o culpa podría causar la muerte y por ende el daño a los herederos de las víctimas, que teniendo Pólizas de Seguros privadas, debieron vacunarse en el primer trimestre, y no lo lograron por decisión del Gobierno y luego de contraer el virus puedan morir, expresó el Jurista.
La posición de Sagasti es riesgosa y peligrosa, ya que impide que los privados disfruten de la norma del Artículo 11 de la Constitución que les garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud, las Compañías de Seguros hace varios meses ya habrían vacunado a sus asegurados, dijo y el Estado no puede ampararse en el ejercicio regular de un derecho, ni tampoco en el caso fortuito o en la fuerza mayor, o en el hecho determinante de un tercero o en la imprudencia de las víctimas, en este caso los muertos asegurados que padecerán el daño y sus herederos que mueran en los próximos meses y que pueden ser cientos o miles de peruanos víctimas de este «capricho político» del señor Sagasti.
Creo que en estos supuestos, los titulares de Pólizas de Seguros y Reaseguros de salud privadas, que contraigan el COVID-19 y mueran en los próximos meses, podrán demandar civilmente al Estado peruano por daño moral, lucro cesante y daño emergente y solidariamente podrán incluir en la demanda al Presidente de la República, Francisco Sagasti, a la Primer Ministro, Violeta Bermudez -que es Abogada- y al Ministro de Salud, Oscar Ugarte y las indemnizaciones que fijen nuestros Tribunales comprenderán las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, ya que existe una relación de causalidad entre el hecho, es decir, la oposición del Gobierno a que los privados seamos vacunados en virtud de las Pólizas de Seguros y Reaseguros vigentes y el daño que van a causar a quienes mueran sin esta vacuna en los próximos meses.
EL GOBIERNO DEBE RECTIFICARSE PORQUE PONE EN RIESGO DE MUERTE A MILES DE ASEGURADOS
Esperamos que el Ministro de Justicia, Eduardo Vega, que fue Defensor del Pueblo, expida un informe jurídico inmediato, que le haga entender al señor Francisco Sagasti, que con su decisión absurda e ilógica y anticonstitucional origina una demora de varios meses y por ende el riesgo de millones de asegurados privados, a quienes se les priva de su derecho inmediato a ser vacunados privadamente en cumplimiento a las Pólizas de Seguros y Reaseguros -Contrato de Seguros- que tienen rango constitucional.
El Gobierno Morado demuestra incapacidad y manejo político en su pretendida monopolización anticonstitucional de las vacunas, impidiendo a 21 millones de personas que dependen del sector privado de la garantía constitucional del libre acceso a la salud previstas en el Artículo 11 de la Constitución Política del Perú, afectando además a las empresas que producen y pagan impuestos que tiene seguro privado a sus trabajadores y a quienes teniendo el derecho a ser vacunados por las Compañías de Seguros y Reaseguros, lo están perdiendo por la decisión «caprichosa» de un Gobierno de este señor Sagasti, que ya no tiene legitimidad, que ha demostrado que no puede ni con el oxigeno, ni con las camas UCI y ahora tendrá la responsabilidad de la muerte de miles de asegurados privados a quienes les está impidiendo el acceso a los servicios de salud que tienen contratado con Compañías de Seguros y Reaseguros en clínicas privadas.
Para Sagasti, los privados tienen que soportar el riesgo de morir por ineficiencia del Estado
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