(Aeronoticias).– En los últimos meses personas que no habrían participado en el proyecto de Ley 3519-09 sobre la línea aérea de bandera que el 23 de setiembre presentó en el Salón Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República del Perú, Julián Palacin Fernández, luego que la congresista Susana Vilca Achata y Daniel Abugattas y otros congresistas en el 2009, firmaran la propuesta Palacin para que el Perú tenga su línea aérea de bandera algunas personas que no participaron de esta iniciativa vienen autoproclamándose la “línea aérea de bandera” www.aeroperu.com
Según pudo investigar Aeronoticias, Aeroperú dejó deudas por 600 millones de dólares y personas presuntamente sin los suficientes conocimientos en aviación y en derecho aéreo internacional estarían sorprendiendo a inversionistas extranjeros, autodenominándose los representantes del proyecto del nacionalismo que en el 2009 inició en el Congreso de la República del Perú el jurista Julián Palacin Fernández que luego mereció la publicación de un libro “línea aérea de bandera de bajo costo”.
Aeroperú no existe como tal la que fue la línea aérea de bandera quebró y desapareció hace más de 14 años dejando deudas que con intereses hoy superan los mil millones de dólares, el Estado nunca mas le va a otorgar la categoría de línea aérea de bandera, porque sencillamente dejó una mala aureola en el mercado con un grave accidente de aviación el 2 de octubre de 1996 y si pretendiera volver a operar, habrían demandas en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y en los demás países en donde dejó deudas laborales.
Una fuente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima informó que quienes compraron el logo de Aeroperú trataron de registrar el nombre de Aerolíneas del Perú, sin embargo perdieron el caso en INDECOPI, pareciera ser que hoy personas que no conocen de aviación se dedican a comprar logos como si hacer una línea aérea sería una cuestión de logotipo, lo que no se entiende dijo, ya que jurídicamente resucitar una empresa muerta significa arriesgar a que inversionistas incautos tengan que desembolsar 600 millones de dólares, además de las costas y costos de los juicios que se vendrían.
