(Aeronoticias).- El congresista por Junín Jesús Hurtado destacó que el proyecto que propone dar rango de ley al decreto supremo 020-2011-MTC busca dar seguridad jurídica a los acuerdos adoptados en marzo pasado para la modernización del aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, en Junín.
Como se recuerda, el 8 de marzo pasado se reunieron el viceministro de Transportes, el Director General de Aeronáutica Civil (DGAC), representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y autoridades y representantes locales y regionales de Jauja.
En la reunión, al amparo del decreto supremo 020-2011-MTC, acordaron proseguir la modernización del aeropuerto de Jauja, para lo cual se comprometió una inversión aproximada de 30 millones de soles y convocar para iniciar estudios de pre-inversión en el mes de abril de 2013.
El congresista Jesús Hurtado precisó que el proyecto que presenta afianza dichos acuerdos.
“Esta iniciativa no modifica, ni altera, ni condiciona los acuerdos a que han arribado en el marco del diálogo democrático el Estado y los actores sociales para reanudar la modernización del Aeropuerto de Jauja. Por el contrario, busca dar seguridad y certeza jurídica a dichos acuerdos y evitar futuras interpretaciones erróneas que vuelvan a postergar este importante proyecto, que ha estado paralizado por un año”, explicó.
Según su exposición de motivos, el proyecto de ley No. 2018 se ampara en la atribución que otorga el Artículo 102 de la Constitución al Poder Legislativo para dar leyes e interpretar su sentido.
También explica minuciosamente que la Ley No. 24290 de 1985, que declaró de interés nacional la construcción de un aeropuerto alterno al de Lima en el valle del Mantaro fue complementada en 1991 por la Ley 25364, que declaró de interés nacional la terminación de la construcción, la pavimentación y equipamiento del aeropuerto ubicado en la provincia de Jauja, todo lo cual fue desarrollado posteriormente en el Decreto Supremo 020-2011-MTC.
El legislador fujimorista manifestó que “el estudio que se ha realizado de los antecedentes de las leyes de 1985 y 1991 evidencia su concordancia y complementariedad.
Pero algunos funcionarios del Estado, de nivel regional y nacional, han hecho una interpretación errónea y aislada de ellas, lo que ha originado la paralización de un importante proyecto y un conflicto social innecesario, que ahora corresponde al Congreso aclarar para evitar nuevos eventuales problemas en el futuro”.
La iniciativa fue sustentada el pasado martes 2 de abril en la Comisión especializada de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Durante el debate, la mayoría de congresistas miembros expresaron su respaldo. Se espera que en la siguiente o subsiguiente sesión se de por agotada la discusión y se ponga al voto.
