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20082017

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Julián Palacin: “La adenda Vizcarra es lesiva a los intereses del Estado y CORPAC puede administrar Chinchero”

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(Aeronoticias) El Presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Julián Palacin Fernández, expresó que la adenda Vizcarra es lesiva a los intereses del Estado, recordando que el 02 de setiembre del 2016 dio una Conferencia en el salón Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República sobre la Geopolítica de los Aeropuertos del Sur, en donde se respalda la construcción del Aeropuerto de Chinchero.

Sin embargo, dijo "Kuntur Wasi tenía la obligación de cumplir el contrato y no lo ha hecho en estos 2 años y ahora pide esta adenda, para que el Estado le financie la obra".

Respaldó al Congresista de la República, Víctor Andrés Belaunde, quien en Oficio Nº 276-2017-VAGB/CR dirigido al Congresista Víctor Albrecht, le informó que “la sociedad Kuntur Wasi S.A. está compuesta por Andino Investment Holding S.A. (AIH) y Corporación América S.A. (partida registral Nº 13245968).

La Gerente de Asuntos Corporativos de Andino Investment Holding S.A. es la señora Ximena Zavala Lombardi, hermana de Verónica Zavala Lombardi, la ex Ministra de Transportes, que entregó la soberanía aérea del Perú a Chile en quintas libertades sin pedir compensaciones y que visitará con Sebastián Piñera, Presidente de LAN, a Alan García en Palacio 15 días antes de cerrar Aerocondor, una empresa aérea nacional que operó 30 años en el mercado sin accidentes de aviación y dejando a 700 familias peruanas sin trabajo, todo eso para favorecer a LAN AIRLINES, porque la línea aérea peruana tenía el 22% del mercado y seguía creciendo en el 2008, además de ser hermana del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

Víctor Andrés García Belaunde dijo que “hace unos días, en el programa “Todo se sabe” de RPP, la economista del proyecto Patricia Teullet, afirmó que la abogada del proyecto era la señora Cecilia Blume, quien despacha semanalmente con el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski”.

“Es cierto que este proyecto fue concesionado por el gobierno anterior pero cuando el Ministro de Economía y Finanzas era Luis Miguel Castilla”, cuya hermana sería socia de Verónica Zavala Lombardi, además de ser las señora Carolina Castilla socia de Cecilia Blume en CB Consult S.A.C. (partida Registral Nº 11984659).

Entiendo, dijo Víctor Andrés García Belaunde, que Martín Vizcarra desee entregarle el aeropuerto del Cusco al ex Presidente de Chile, Sebastián Piñera, otrora dueño de LAN que con Alan García y Verónica Zavala Lombardi cerraron Aerocondor en el 2008, Sebastián Piñera, dijo García Belaunde posee alrededor del 10% de Andino Investment Holding S.A. (AIH), de ser el caso el señor Vizcarra debería ser el Ministro de Transportes, pero del vecino país del sur.

Agregó Víctor Andrés García Belaunde, de otro lado que el dueño de la Corporación América de Argentina es Eduardo Eurnekían, quien es accionista de la empresa Inversora Cervera S.A., quien ha hecho negocios en la última década  con AmBev, después fucionada con SabMiller, hoy matriz de Backus.

Por último, el Presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del CAL, Julián Palacin Fernández, expresó que el Ministerio de Transportes puede resolver el contrato porque Kuntur Wasi lo ha incumplido y pedir una indemnización de daños y perjuicios y utilizar el proyecto para hacerlo como obra pública y en todo caso este aeropuerto puede ser administrado y explotado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), que tiene casi 80 años de experiencia y los mejores expertos en aeropuertos que tiene el país y la Región Latinoamericana.

Agregó, que la Comisión de Derecho Aeronáutico podría asesorar al MTC que en la actualidad no tiene brújula y a nombrado un directorio de CORPAC que no son especialistas en estos temas aeroportuarios.

 

 

 

Colegio de Abogados de Lima (CAL) nombra a 9 juristas en Comisión Odebrecht

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(Aeronoticias) El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), a través de su Decano, Dr. Pedro Angulo Arana, designó una Comisión Especial de Alto Nivel que se avocará al estudio y seguimiento de los casos de corrupción de las empresas brasileñas, denominada “Comisión Odebrecht”.

La preside el ex Decano del CAL y ex Congresista de la República, Dr. Martín Belaunde Moreyra y la integran los ex Decanos Luz Area Saenz Arana, Mario Amoretti Pachas y los juristas Julián Palacin Fernández, Luis Lamas Puccio, Beatriz Mejía Mori, Felix M. Murazzo Carrillo, Tomás Galvez Villegas y María Portocarrero Zamora.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), con 2012 años de historia al servicio de la República antes los actos ilícitos de funcionarios públicos peruanos corrompidos por empresas extranjeras que han conmovido a la opinión pública, ha nombrado a estos 9 juristas que tendrán la responsabilidad histórica de investigar y pronunciarse jurídicamente en defensa de los derechos del Estado peruano, del orden jurídico y de la moralidad en el Perú.

Julián Palacin propone al CAL posición institucional frente a Odebrecht

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(Aeronoticias) El líder de “Abogados con el cambio”, Julián Palacin Fernández, le remitió al Decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana, su opinión legal, a fin de que el CAL fije una posición frente al caso Odebrecht que viene sacudiendo la conciencia moral de nuestra sociedad.

Julián Palacin Fernández dijo que “los contratos Odebrecht con las Regiones, Municipalidades Distritales, con la Municipalidad Provincial de Lima y con el Gobierno Central en el que se hubieran pagado sobornos se están violando normas imperativas del ordenamiento jurídico Peruano y a mi criterio no constituyen acto jurídico, en ningún sentido, si no ACTOS ILÍCITOS que no cuentan con ninguna protección jurídica, carecen de toda validez, por lo que su ineficacia es absoluta”.

“El artículo V del Título Preliminar del Código Civil, prescribe que “es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. En este mandato, general e imperativo para todo el ordenamiento jurídico nacional está comprendida la nulidad de todo acto contrario a leyes o normas imperativas”.

“En la concepción de este artículo, basta que el acto humano sea contrario a normas imperativas para que sea ilícito, dejándose de lado el aspecto subjetivo, esto es, tiene en mira al acto transgresor y no al agente que lo lleva a cabo. Dada la generalidad del artículo V del TP del CC, al mencionar al “acto jurídico”, no se limita a la definición contenida en los artículos 140 y 1351 del Código civil, sino todo acto humano con relevancia jurídica, sea acto de autonomía privada, de declaración de ciencia, etc”.

“En el caso Odebrecht el pago de sobornos a funcionarios públicos del Estado Peruano en relación a los contratos de concesión  determina, aplicando al artículo V del Título Preliminar del Código Civil, que tales actos son nulos por ilícitos, por tanto, sin efectos legales ab initio”.

“Las empresas extrajeras domiciliadas y no domiciliadas en el Perú que tengan como práctica comercial sobornar a funcionarios públicos Peruanos para ganar licitaciones, no pueden realizar actos o negocios jurídicos válidos, porque su conducta contravienen las normas imperativas o de orden público, en consecuencia los actos jurídicos violatorio de estas normas imperativas son nulos por disposición del artículo V del Título Preliminar del Código Civil”.

“Los actos comerciales lucrativos en ejecución de estas licitaciones ganadas fraudulentamente dentro del territorio Peruano, por estas empresas o consorcios extranjeros, como es el caso de Odebrecht que se han venido realizando transgrediendo las normas imperativas o de orden público Peruano, antes aludidas, son actos ilícitos que no producen efectos jurídicos, salvo la indemnización por los daños y perjuicios, especialmente el daño moral a la sociedad”.

“El Estado debe interponer acción judicial o demanda arbitral pidiendo la nulidad de los contratos firmados por Odebrecht exigiendo una indemnización por daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante y daño emergente en todos aquellos contratos en los que existiera la prueba del soborno a funcionarios públicos Peruanos, en los que sería de aplicación el artículo V del Título Preliminar del Código Civil”.

“En síntesis, soy de la opinión que existiría nulidad de los contratos Odebrecht y que la Municipalidad de Lima tendría la obligación de solicitar la nulidad del contrato que ha originado los reclamos del pueblo en el peaje de Puente Piedra  y se tendrá que pedir la nulidad de los contratos de otros peajes y en todos los casos donde soborno  de por medio Odebrecht hubiera realizado actos ilícitos en agravio del Estado peruano”.

“El artículo V del título preliminar del Código Civil establece que es nulo el acto jurídico que viola normas de orden público o de buenas costumbres en el Perú y los contratos Odebrecht no son actos jurídicos propiamente dichos, son actos ilícitos que no cuentan con protección jurídica alguna. Esta opinión jurídica es aplicable a todos los contratos que Odebrecht ha firmado en el Perú. Debemos pedir la nulidad de los contratos y exigir una indemnización porque las coimas son actos ilícitos y originan la nulidad de los contratos por actos transgresores de normas imperativas que violaron el orden público peruano”.

“Se deben investigar todos los arbitrajes ya que podría haber responsabilidad civil de los árbitros en agravio del Estado peruano, y en todo caso soy de la opinión de que se conforme una comisión para modificar la ley de arbitraje”.

“Esta es la ruta jurídica que aconsejó a la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien ya debió plantear una medida cautelar, la nulidad de los contratos y la indemnización a favor del Estado peruano por los actos ilícitos de Odebrecht de los contratos que firmó con el Perú en las últimas décadas”.

“El Perú tiene derecho a defenderse con buena orientación jurídica. Los actos ilícitos de Odebrecht en agravio del Estado peruano no cuentan con protección jurídica alguna en aplicación a la norma citada, el artículo V del título preliminar del Código Civil, que debemos instrumentar para defender los intereses del Estado peruano y pedir un indemnización de un mil o dos mil millones de dólares  previa medida cautelar que deberíamos proponer formalmente desde nuestro gremio el Ilustre Colegio de Abogados de Lima al Ministerio de Justicia”, agregó Julián Palacin Fernández.


 

Julián Palacin agradeció a los 10,414 abogados y abogadas que hace 1 año le dieron el respaldo para el Decanato del CAL

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(Aeronoticias) El líder gremial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), Julián Palacin Fernández, agradeció a los 10,414 abogados y abogadas que hace 1 año el 12 de diciembre del 2015, le dieron la confianza con su voto en la segunda vuelta electoral al Decanato del CAL.

Dijo en un comunicado, “a todo el gremio le envío un fraterno saludo y les expreso que más allá de las elecciones gremiales todos somos una gran familia, somos el Ilustre Colegio de Abogados de Lima”.

Trascendió que su plan de gobierno contemplaba la absoluta autonomía de la Caja de Previsión Social, la racionalización en la contratación de personal, para tener un presupuesto austero que permitiera el ahorro de fondos que se necesitan para construir la Torre CAL, que sería un edificio inteligente de 10 pisos con 8 mil metros cuadrados de construcción que se edificarían en la Av. Santa Cruz 255, Miraflores, en donde funcionaba el Interbank y la Tarumba, es decir en espacios totalmente libres y que sería financiado con una hipoteca a 15 años sin tocar un solo nuevo sol de la Caja de Previsión Social.

Cabe destacar, que se ha hecho un estudio que ha determinado que solo con el ahorro de los pagos que hacen los nuevos agremiados ingresantes, el CAL tendría más de 5 millones de nuevos soles anuales, que no se aplicarían a gastos superfluos o de contratación de nuevo personal y que servirían para amortizar la hipoteca del edificio la Torre CAL, que se empezaría a construir en enero del 2018 si el gremio le da el respaldo a “Abogados con el Cambio” en las próximas elecciones.

El movimiento gremial del CAL “Abogados con el cambio”, tiene programado para el 2017 una serie de actividades académicas y en el mes de julio definirá en una asamblea quien será el candidato al Decanato del CAL en las elecciones del 30 de noviembre del 2017 para el periodo 2018-2019.

Colegio de Abogados de Lima informó sobre la responsabilidad civil en el accidente de aviación del Chapecoense

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(Aeronoticias) En Conferencia de Prensa en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), con la presencia del Dr. Pedro Angulo, Decano del CAL y el Dr. William Contreras, Director de Comisiones y Consultas CAL, el Presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima CCDACAL Julián Palacín Fernández informó que los gobiernos de Brasil, Bolivia, Colombia, la empresa de aviación LaMia, tendrían que ser emplazados en un proceso arbitral por los herederos de las víctimas que fallecieron en el trágico accidente de aviación del Chapecoense en Colombia.

Los responsables tienen que indemnizar a las víctimas y los familiares de los pasajeros fallecidos que hoy padecen el mal como un disvalor, y en consecuencia, tienen derecho a exigir una indemnización por daño moral, lucro cesante y daño emergente.

No hay jurídicamente causas de justificación y los Estados son responsables por las acciones u omisiones de sus funcionarios públicos, Brasil no tiene justificación jurídica por haber denegado el vuelo en el Airbus A320 en la ruta razonablemente directa Sao Paulo-Medellín, sus funcionarios de la ANAC de Brasil interpretaron mal el artículo 5 sobre Aviación Civil Internacional y por ende tomaron una decisión injusta que es sinónimo de ilegalidad, son responsables por omisión y tienen que contribuir a la resarcibilidad del daño, la DGAC de Bolivia otorgó el Permiso de vuelo en la ruta Santa Cruz-Medellín con conocimiento que el BAE-146 no tenía autonomía de vuelo e incumplía con tener combustible para ir un alterno más los 45 minutos de vuelo de conformidad a las normas y recomendaciones internacionales de la OACI y su autoridad aeroportuaria AASANA: la Administración de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación aérea no debió aprobar el Plan de vuelo de LaMia y tenía la obligación de comunicar a la torre de control de Bolivia que no autorice el despegue de la aeronave Bae-146; el incumplimiento de esta obligación que con criterio de previsibilidad tenia AASANA (Bolivia) es la base de la causalidad jurídica y de las consecuencias dañosas y la controladora de tránsito aéreo dependiente de Aerocivil de Colombia extiende la responsabilidad de este país dentro de la Doctrina de la responsabilidad de los organismos de control de tránsito aéreo de conformidad al Reglamento del Aire (Anexo 2 al Convenio de Chicago) y los criterios elaborados por la OACI. La torre de control de Colombia es la que transmite información y expide las instrucciones y permisos a las aeronaves bajo su control. El organismo de tránsito aéreo de Colombia responde por los daños cuyo origen es la omisión de cualquier controlador de tránsito aéreo y aquí habría responsabilidad objetiva que tendrá que investigarse.

En la construcción de la teoría de la responsabilidad civil de los países involucrados (Brasil, Bolivia y Colombia) hay que tener en cuenta el juicio valorativo, factico y jurídico de los instrumentos internacionales de aviación vigentes, las leyes de aeronáutica civil, o código aeronáutico y las Regulaciones aeronáuticas de los países involucrados. El informe de la Comisión Investigadora de Aviación de Colombia en cumplimiento al Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional no sindicará ni encontrará responsables. Será el Poder Judicial o la justicia arbitral quien fallará sobre los puntos controvertidos sobre la responsabilidad de los Estados y de la empresa privada LaMia en este trágico accidente de aviación. Todo juicio exige una actitud cognoscitiva, no solo del acaecimiento y sus circunstancias de tiempo y lugar, sino también de las condiciones de los funcionarios públicos de los países presuntamente civilmente responsables de Brasil, Bolivia y Colombia que por acciones u omisiones contribuyeron a este trágico accidente de aviación del Club de fútbol brasilero Chapecoense.

La responsabilidad civil de los involucrados se basa en la relación causal, es decir, en las acciones  u omisiones que existen entre los hechos de estos funcionarios públicos que originan que los Estados en definitiva tengan que indemnizar a los herederos de las víctimas del Club brasilero Chapecoense.

En la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima-CCDACAL hemos desarrollado la doctrina “que nadie contrata su propia muerte”, en consecuencia, la resarcibilidad del daño se fundamenta en la responsabilidad extracontractual que nace del hecho ilícito y no en la responsabilidad contractual que establece la limitación de responsabilidad de los transportadores aéreos basados en los principios del sistema de Varsovia que han incorporado en sus legislaciones internas y nosotros consideramos que en este accidente de aviación los daños se han originado por culpa inexcusable de la empresa de aviación LaMia en consecuencia ninguno de los Estados o la empresa privada boliviana podrán ampararse en el principio de limitación de responsabilidad del citado sistema de Varsovia para pagar indemnizaciones irrisorias a los herederos de las víctimas de este trágico accidente de aviación.

Julián Palacín Fernández expresó que, existiría responsabilidad de los Estados, Brasil, Bolivia y Colombia por los hechos de sus dependientes en este caso los funcionarios públicos de Aeronáutica Civil que por acción u omisión han contribuido al daño que es un perjuicio de apreciación pecuniaria que exige establecer el menoscabo que como daño resarcible han sufrido los herederos de las víctimas de los herederos del Club Chapecoense, que no deberían pasar por un proceso judicial que duraría muchos años para lo cual se propone un proceso arbitral en un país neutral Perú que, en menos de un año podría expedir un laudo arbitral.

Colegio de Aogados de Lima informó sobre la responsabilidad civil en el accidente de aviación del Chapecoense